En alguna parte de la ordenanza deberá plasmarse las consecuencias por negarse a dar la información. Así como también darle más facultades a la Autoridad de Aplicación para evaluar los "fundamentos" de las informaciones denegadas. Es muy bonita la ordenanza si entendemos que todos obran de buena fe, pero me parece que la realidad nos lleva a tener que prever esas 2 cosas.

Consultas respecto a este artículo: a) ¿A qué se refieren "por una decisión"? ¿Decisión de quién? Se le estaría otorgando mucho margen discrecional al sujeto obligado para negar el acceso a la información. b) ¿Quién firma la denegatoria? ¿Un empleado público, funcionario de alto mando? Considero que se debe especificar ello a fin de no tener conflictos con las sanciones aplicables al funcionario que incumpla con la ordenanza.

"...o por una decisión o resolución judicial." Una sentencia judicial no tiene la capacidad de establecer excepciones al acceso a la información que tengan carácter general y, para el caso concreto, es suficiente el efecto que la propia sentencia tiene para las partes. Por otro lado, una decisión judicial puede ser dejada sin efecto por otra decisión de una instancia superior lo cual hace que esta redacción del artículo se vuelva confusa e innecesaria, dando lugar a posibles conflictos.

No parece que hayan previsto sanciones para la negativa o el silencio. Una ley sin sanción es difícil de operativizar. Lo revería.